Mineápolis (EE.UU.) (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense el pasado miércoles en Mineápolis, goza de «inmunidad absoluta», aunque según explicó a EFE Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, esta protección «no se aplica» a los agentes federales.
«Los agentes federales no gozan de inmunidad absoluta. JD Vance lo afirmó, pero no hay base legal para tal afirmación», aseguró Mauleón, profesor de derecho en el campus que se encuentra en la ciudad donde ocurrió el suceso.
La Administración de Donald Trump ha afirmado desde un primer momento, aunque la investigación se encuentra en fase inicial, que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en defensa propia porque Renee Good, de 37 años, intentó atropellarlo con su vehículo, y que, por tanto, es inocente.
«Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber», dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Sin embargo, Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se encuentra Mineápolis, negó que el agente cuente con esta protección.
Otras inmunidades si se actúa dentro de la ley
«Tiene derecho a otros tipos, como la inmunidad de supremacía, lo que significa que, siempre que el agente actuara de una manera autorizada para hacer cumplir la ley federal y de forma necesaria y adecuada para lograr esos fines, su conducta sería inmune», apuntó el profesor.
«Sin embargo», continuó Mauleón, «si actuó de forma negligente, imprudente o injustificada, según lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución (que protege a las personas de registros o detenciones irrazonables), esa inmunidad de supremacía no se le aplica».
El profesor indicó que «en cualquier caso» en que un agente utilice la fuerza letal y «haya dudas sobre si estaba justificada», este «podría ser considerado responsable de cualquier delito, desde imprudencia temeraria hasta homicidio involuntario o asesinato».
El agente podría ser acusado tanto por la legislación estatal, que incluye el delito de homicidio involuntario y el de asesinato, o por la ley federal, que podría acusarlo de «privación intencionada de derechos constitucionales», comentó.
